LAS JUNTAS LOCALES DE SEGURIDAD: ¿Instrumento Vital o Formalidad Innecesaria?

Las juntas locales de seguridad se constituyen como uno de los órganos fundamentales para la coordinación de las políticas públicas de seguridad en el ámbito municipal. Su función, definida en el marco de la descentralización administrativa y la colaboración interinstitucional, es garantizar la cooperación entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad —estatales, autonómicos y locales— junto con los responsables políticos y sociales del territorio. Sin embargo, su eficacia y eficiencia como herramienta para mejorar la seguridad ciudadana está sujeta a debate.

Marco Competencial y Composición

Las juntas locales de seguridad están reguladas por la legislación de seguridad estatal y autonómica. Suelen estar presididas por la alcaldía, con la participación de la policía local, los cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional o Guardia Civil), la policía autonómica en aquellas comunidades que dispongan de ella, así como representantes de la Delegación del Gobierno, Departamento de Interior autonómico, judicatura, entidades sociales y otros actores relevantes.

Este carácter plural es clave para la coordinación, pero también plantea desafíos. La presencia de tantos actores puede generar una burocratización excesiva, ralentizando la toma de decisiones o relegando la junta a una función meramente consultiva sin capacidad ejecutiva.

Valor como Órgano de Coordinación

En teoría, las juntas locales de seguridad permiten establecer conjuntos de diagnósticos, diseñar estrategias compartidas y hacer seguimiento de los planes de seguridad en función de las necesidades locales. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior (2023) , las localidades con una coordinación sólida entre cuerpos policiales presentan tasas de criminalidad hasta un 15% inferiores respecto a municipios donde la colaboración es más débil.

Además, la implementación de planes de seguridad específicos —como los protocolos contra la violencia de género, la seguridad en el ámbito escolar o la prevención del incivismo— ha demostrado ser más efectiva en municipios con juntas activas que trabajan con una agenda programática y con reuniones periódicas y no meramente expositivas de datos sobre la actividad de cada cuerpo.

Limitaciones y críticas

No obstante, uno de los principales problemas que se señala es la falta de capacidad ejecutiva de las juntas. Muchas veces, estas reuniones se perciben como actos protocolarios donde se presentan datos que ya eran conocidos, sin que se adopten medidas concretas. La falta de recursos para dar seguimiento a los acuerdos adoptados o la escasa frecuencia de las reuniones (en muchos casos, sólo una vez al año) son críticas recurrentes.

Asimismo, la dependencia de la voluntad política de los participantes puede desvirtuar la naturaleza técnica del órgano, convirtiéndolo en ocasiones en un espacio de confrontación partidista más que en una herramienta operativa.

Hacia una Junta Local de Seguridad Eficaz

Para que las juntas locales de seguridad sean verdaderamente útiles, es necesario reforzar su papel vinculante, dotándolas de mecanismos de seguimiento y evaluación de los acuerdos adoptados. Algunas medidas que podrían mejorar su eficacia incluyen:

• Aumentar la periodicidad de las reuniones de carácter trimestral.
• Incorporar indicadores de evaluación para medir el cumplimiento de los acuerdos.
• Crear unidades técnicas de apoyo que elaboren diagnósticos independientes.
• Potenciar la participación ciudadana a través de consejos de seguridad o encuestas de percepción.

En definitiva, las juntas locales de seguridad son un instrumento potencialmente valioso para la coordinación de las políticas públicas de seguridad, pero su eficacia depende en gran medida de la voluntad política y de su capacidad para convertirse en espacios de toma de decisiones reales, más allá de la tediosa mera formalidad. La clave reside en dotarlas de un mayor poder ejecutivo, mejorar la transparencia y fomentar la participación activa de la ciudadanía, lo que permitiría convertirlas en órganos verdaderamente eficaces para la mejora de la seguridad local.

Mientras no se produzca esta evolución, seguirán siendo vistas por muchos profesionales y representantes políticos como un trámite burocrático con escaso impacto en la seguridad cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de los municipios.