¿Puede depender la seguridad de un ciudadano del municipio en el que vive, de los recursos económicos de su ayuntamiento o del partido político que gobierna?

 

Ante las elecciones generales de noviembre de 2026 y las municipales de mayo de 2027, es necesario abrir un debate serio sobre el futuro de la seguridad pública en España. Necesitamos superar las desigualdades territoriales, reformar la Ley Orgánica 2/1986, facilitar la mancomunación de los servicios de Policía Local y establecer una transición legal y ordenada de los cuerpos de vigilancia municipal hacia un modelo policial profesional.

La seguridad no puede ser un privilegio de las grandes ciudades ni una cuestión subordinada a los ciclos electorales. Debe ser una política de Estado, basada en la cooperación, la proximidad y la igualdad de derechos.

En este artículo reflexiono sobre los retos y las reformas que necesitamos para construir un modelo de seguridad verdaderamente glocal: pensar globalmente y actuar desde lo local.

Porque la seguridad global comienza en potenciar la seguridad local.

Te invito a leerlo y a compartir la reflexión.

Por un modelo de seguridad pública que garantice los mismos derechos a todos los ciudadanos, vivan donde vivan y gobierne quien gobierne.

La seguridad local no puede depender del código postal

España afronta una doble cita electoral de enorme trascendencia política. Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 y las elecciones municipales de mayo de 2027 abrirán una nueva etapa de decisiones sobre el modelo de Estado, la organización territorial y las prioridades de las administraciones públicas. No sabemos qué mayorías saldrán de las urnas, pero sí sabemos qué problema estructural seguirá pendiente: garantizar una seguridad pública eficaz, próxima y accesible en todos los municipios de España.

La seguridad es uno de los pilares fundamentales de la convivencia democrática. No es un privilegio reservado a las grandes ciudades, a los municipios con mayor capacidad presupuestaria o a aquellos territorios que concentran más actividad económica. Es un derecho que debe materializarse en servicios públicos adecuados, independientemente del número de habitantes, de la extensión territorial, del producto interior bruto municipal o del color político de sus gobernantes.

Sin embargo, la realidad municipal española presenta diferencias importantes en recursos humanos, capacidad financiera, organización policial y posibilidades operativas. Mientras algunas ciudades cuentan con cuerpos policiales amplios, especializados y dotados de tecnología, otros municipios tienen dificultades para mantener una cobertura continuada e incluso carecen de un cuerpo de Policía Local.

Esta desigualdad obliga a plantear una pregunta incómoda, pero imprescindible: ¿puede el lugar de residencia determinar el nivel de protección policial que recibe un ciudadano?

La respuesta debe ser inequívoca: no.

Una seguridad glocal: pensar globalmente, actuar desde el territorio

Los riesgos de seguridad han cambiado. Las amenazas globales, las redes criminales, los fraudes digitales, las nuevas formas de violencia, los movimientos económicos y sociales y las emergencias que afectan a varios territorios tienen consecuencias directas en nuestros barrios y municipios.

Lo global se manifiesta en lo local. Y, al mismo tiempo, la respuesta local contribuye a la seguridad del conjunto del país.

Por eso, la seguridad del futuro debe entenderse desde una perspectiva glocal: conectar el conocimiento del territorio con la coordinación supramunicipal, autonómica, estatal e internacional.

En este modelo, la Policía Local no puede ser considerada únicamente una policía de tráfico, de ordenanzas o de intervención ante conflictos cotidianos. Debe consolidarse como un actor esencial de la seguridad pública, con capacidad para prevenir riesgos, detectar problemas de convivencia, proteger a las personas vulnerables, actuar ante emergencias y colaborar eficazmente con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La proximidad constituye una ventaja estratégica. Ningún otro servicio público conoce de la misma manera la evolución cotidiana de los barrios, los espacios conflictivos, los problemas recurrentes de convivencia o las necesidades específicas de una comunidad.

Pero la proximidad, por sí sola, no basta. Necesita formación, medios, información, coordinación, planificación y una estructura profesional adecuada.

La seguridad glocal exige, por tanto, combinar dos dimensiones inseparables: una policía próxima al ciudadano y una organización capaz de trabajar más allá de las fronteras administrativas de cada municipio.

La reforma de la Ley Orgánica 2/1986: una necesidad pendiente

La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, constituye una pieza fundamental del sistema policial español. Su artículo 51 contempla la posibilidad de que los municipios creen cuerpos de Policía Local y establece también qué sucede en aquellos que no disponen de policía municipal. Pero el modelo necesita evolucionar para responder a las necesidades de una sociedad y una realidad municipal que han cambiado profundamente desde 1986.

No se trata de cuestionar la autonomía municipal ni de imponer a todos los ayuntamientos una estructura policial idéntica. Se trata de ofrecer instrumentos legales para que esa autonomía no se convierta, en la práctica, en una fuente de desigualdad en la prestación de la seguridad pública.

La reforma debe facilitar de manera expresa y efectiva la mancomunación de servicios de Policía Local, mediante fórmulas estables de cooperación entre municipios que, individualmente, no disponen de población, presupuesto o recursos humanos suficientes para sostener un cuerpo policial propio.

La cooperación intermunicipal no puede quedar reducida a convenios puntuales, colaboraciones excepcionales o soluciones condicionadas por interpretaciones restrictivas del marco normativo. Debe constituir una alternativa organizativa clara, regulada y jurídicamente segura.

¿Por qué un grupo de municipios pequeños no puede organizar conjuntamente un servicio policial profesional que garantice mejores turnos, mayor cobertura, más capacidad de respuesta y una utilización más eficiente de los recursos públicos?

¿Por qué el acceso a una estructura policial estable debe depender exclusivamente de la capacidad económica y administrativa de cada ayuntamiento?

Una reforma de la Ley Orgánica 2/1986 debería abordar estas cuestiones y articular un marco que permita, de acuerdo con la legislación autonómica y el régimen local, crear estructuras compartidas con garantías suficientes.

No bastaría con compartir vehículos o material. La mancomunación debería permitir organizar servicios operativos, planificar turnos, establecer mandos y responsabilidades, compartir formación y medios tecnológicos y garantizar la coordinación con los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según el territorio.

Todo ello con un marco claro de financiación, dirección, responsabilidad, régimen estatutario, ámbito territorial y control institucional.

La finalidad no debe ser crear una policía de segunda categoría para municipios pequeños. Debe ser exactamente la contraria: hacer posible que los ciudadanos de esos municipios dispongan de un servicio profesional y suficiente que, de otro modo, difícilmente podrían sostener por sí solos.

De los vigilantes y guardias municipales a un modelo profesional de Policía Local

La segunda gran reforma pendiente afecta a los municipios que mantienen figuras de vigilancia y custodia municipal sin disponer de un cuerpo de Policía Local.

El artículo 51.2 de la Ley Orgánica 2/1986 contempla esta realidad y prevé que, donde no exista policía municipal, determinadas funciones sean ejercidas por personal dedicado a la custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, bajo denominaciones como guardas, vigilantes, agentes o alguaciles.

Esta previsión legal no debe convertirse en una solución permanente que perpetúe modelos diferentes de prestación de servicios en función de la capacidad de cada municipio.

Es necesario abrir una vía legislativa que permita ordenar la transición hacia estructuras profesionales de Policía Local allí donde las necesidades de seguridad lo justifiquen.

Esta transición debe ser realista y gradual. Debe partir de un diagnóstico de las necesidades de cada territorio, de las competencias legalmente atribuidas, de los recursos disponibles y de la formación del personal existente.

También debe respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público, así como las garantías jurídicas de los trabajadores. No sería razonable plantear una conversión automática de todas las plazas ni equiparar sin más las funciones de vigilancia y custodia con las competencias propias de un cuerpo policial.

La solución debe combinar procedimientos legales de adaptación, formación y acceso con la posibilidad de crear servicios policiales compartidos entre municipios.

En muchos casos, la mancomunación puede ser precisamente el instrumento que haga viable esa transición: los municipios podrían organizar una estructura policial común, planificar la incorporación de personal conforme a la legislación aplicable y alcanzar progresivamente los estándares profesionales exigibles.

El objetivo es superar la fragmentación, evitar soluciones precarias y establecer un horizonte claro para aquellos ayuntamientos que hoy no pueden sostener una policía propia.

No se trata de uniformar artificialmente todos los municipios, sino de garantizar que las diferencias territoriales no condenen a una parte de la ciudadanía a disponer de una protección insuficiente.

Un sistema policial cooperativo, no una competición entre administraciones

La seguridad pública española se distribuye entre distintos niveles administrativos y cuerpos policiales. Esa diversidad no tiene por qué ser una debilidad. Puede constituir una fortaleza si existe una delimitación adecuada de funciones y una coordinación efectiva.

La Policía Local debe desarrollar su potencial en proximidad, prevención, convivencia, seguridad vial, protección de personas y bienes municipales, atención a las incidencias cotidianas y colaboración en las funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico.

Los cuerpos policiales autonómicos y estatales deben mantener sus responsabilidades y capacidades específicas, con especial atención a las competencias de seguridad ciudadana, investigación y lucha contra la criminalidad que les correspondan.

El reto consiste en integrar todas esas capacidades sin duplicidades innecesarias, vacíos operativos ni disputas competenciales que terminen perjudicando al ciudadano.

Para ello hacen falta protocolos comunes, intercambio de información conforme a la ley, formación coordinada, interoperabilidad tecnológica y órganos de cooperación que funcionen más allá de las fotografías institucionales.

También es necesario avanzar hacia indicadores comparables que permitan evaluar la cobertura del servicio, los tiempos de respuesta, la actividad preventiva, la calidad de la atención ciudadana, la resolución de incidencias y la percepción de seguridad.

No todos los municipios necesitan el mismo número de agentes ni la misma estructura. Una localidad rural extensa tiene necesidades diferentes de las de una ciudad densamente poblada. Pero todas deben disponer de una respuesta institucional proporcionada a sus riesgos y características.

La igualdad no significa prestar exactamente el mismo servicio en todas partes. Significa garantizar un nivel adecuado de protección mediante soluciones adaptadas a cada realidad territorial.

Las elecciones de 2026 y 2027: una oportunidad para comprometerse con las reformas

Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 determinarán la composición de las Cortes Generales y la orientación política del Gobierno de España. Las elecciones municipales de mayo de 2027 decidirán, por su parte, qué proyectos de ciudad y de pueblo impulsarán los ayuntamientos durante el siguiente mandato.

Son dos niveles electorales diferentes, pero estrechamente relacionados cuando hablamos de seguridad.

A las formaciones políticas que concurran a las generales debe exigírseles un compromiso concreto con la actualización del marco estatal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La reforma de la Ley Orgánica 2/1986 debe formar parte de una agenda de modernización de la seguridad pública que no se limite a incrementar recursos en las grandes ciudades.

A las candidaturas municipales les corresponde asumir su propia responsabilidad: elaborar planes locales de seguridad, reforzar la prevención, mejorar la convivencia, evaluar los riesgos del territorio y explorar fórmulas de cooperación con otros municipios.

Pero sería un error trasladar toda la responsabilidad a los ayuntamientos. No puede exigirse a una administración local que resuelva por sí sola problemas estructurales para los que carece de recursos o de instrumentos jurídicos suficientes.

El Estado debe proporcionar el marco legal adecuado; las comunidades autónomas deben ejercer sus competencias de coordinación, formación y ordenación; las diputaciones y otras entidades supramunicipales pueden contribuir a la asistencia y cooperación municipal dentro de sus atribuciones; y los ayuntamientos deben identificar las necesidades concretas de su ciudadanía y participar activamente en las soluciones.

El resultado debe ser una política de seguridad pública compartida, estable y evaluable.

Y, sobre todo, debe quedar al margen de los vaivenes partidistas. Las mayorías políticas pueden cambiar, pero la necesidad de proteger a las personas y garantizar la convivencia permanece.

Cinco compromisos para una nueva agenda de seguridad local

De cara al próximo ciclo político, sería razonable exigir cinco compromisos concretos:

1. Reformar la Ley Orgánica 2/1986. Actualizar el marco de las policías locales para adaptarlo a las necesidades actuales y facilitar nuevas fórmulas de organización supramunicipal.

2. Regular de forma efectiva la mancomunación policial. Establecer procedimientos, garantías operativas, financiación y responsabilidades que permitan a varios municipios compartir un servicio profesional de Policía Local.

3. Legislar la transición de los cuerpos de vigilancia municipal. Definir un itinerario legal, gradual y garantista para evolucionar hacia cuerpos policiales profesionales cuando las necesidades del territorio lo justifiquen, respetando los principios de acceso al empleo público.

4. Establecer estándares de cobertura y calidad. Definir indicadores que permitan conocer las necesidades de cada municipio y evaluar si los recursos disponibles proporcionan una protección suficiente, sin imponer estructuras idénticas a realidades distintas.

5. Garantizar financiación, coordinación y evaluación. Acompañar las reformas organizativas con recursos sostenibles, cooperación entre administraciones, formación permanente, interoperabilidad y rendición de cuentas.

Estos compromisos permitirían pasar del debate genérico sobre la inseguridad a una política pública con objetivos, instrumentos y resultados verificables.

Conclusión: la seguridad global comienza en lo local

La seguridad no empieza en los grandes centros de coordinación, en las capitales de provincia ni en los despachos ministeriales. Empieza en la calle, en el barrio, en la plaza del pueblo, en el entorno escolar, en las vías de circulación y en cada espacio donde las personas desarrollan su vida cotidiana.

Por eso, fortalecer la seguridad local no significa reducir la importancia de los demás cuerpos policiales ni fragmentar el sistema. Significa completar el modelo, mejorar su proximidad y aprovechar mejor todas las capacidades disponibles.

España necesita una política de seguridad pública capaz de combinar la visión global con la actuación local, la autonomía municipal con la cooperación territorial y la diversidad de cuerpos policiales con una coordinación eficaz.

La reforma de la Ley Orgánica 2/1986, la mancomunación de servicios policiales y la ordenación definitiva de la transición desde los cuerpos de vigilancia municipal son tres piezas de una misma transformación: construir un sistema más profesional, equilibrado y accesible.

Las elecciones de noviembre de 2026 y mayo de 2027 deberían servir para situar esta agenda en el centro del debate político. No como una reivindicación corporativa, sino como una cuestión de igualdad, cohesión territorial y calidad democrática.

Porque la seguridad no puede depender de cuántos habitantes tenga un municipio, de su presupuesto o de quién ocupe la alcaldía. Tampoco debería quedar condicionada por la mayoría parlamentaria que gobierne España.

La seguridad global comienza en potenciar la seguridad local. Y garantizarla en todos los municipios debe ser un compromiso permanente de Estado, gobierne quien gobierne.