España necesita un pacto de Estado entre el PSOE y el PP: dos legislaturas para recuperar la centralidad política

 

Una propuesta para superar la política de bloques, reducir la dependencia de los extremos y devolver la estabilidad institucional al centro de la democracia española.

El momento de dar un paso al frente

España se encuentra ante una encrucijada política que exige algo más que una nueva campaña electoral, un cambio de presidente o una alternancia entre partidos. Exige una reflexión profunda sobre el funcionamiento de nuestro sistema democrático y sobre la responsabilidad que deben asumir las dos grandes formaciones que representan al centroizquierda y al centroderecha.

Durante demasiado tiempo, la política española ha estado dominada por una lógica de bloques en la que la prioridad no parece ser siempre gobernar para el conjunto del país, sino impedir que gobierne el adversario. La consecuencia es una polarización creciente, una negociación parlamentaria permanente y una dependencia de fuerzas políticas cuyo peso electoral estatal no siempre guarda proporción con su capacidad para condicionar las decisiones del Gobierno.

Ante esta situación, ha llegado el momento de plantear una propuesta que hoy puede parecer extraordinaria, pero que debería formar parte del debate democrático: un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, con independencia de cuál de los dos obtenga más votos en las próximas elecciones generales.

No se trataría de eliminar las diferencias ideológicas entre ambas formaciones. Tampoco de construir un partido único ni de instaurar un consenso permanente sobre todas las políticas públicas. Se trataría de algo mucho más concreto: acordar que España necesita, durante una o dos legislaturas, un periodo de estabilidad institucional en el que las grandes decisiones de Estado no dependan de la presión de los extremos ni de las exigencias de partidos que condicionan su apoyo parlamentario a contrapartidas territoriales o identitarias.

La pregunta que debemos hacernos es sencilla: ¿pueden el PSOE y el PP seguir enfrentándose legítimamente en las urnas y, al mismo tiempo, asumir juntos la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad de España?

Mi respuesta es sí. Y creo que ha llegado el momento de exigirles que lo consideren seriamente.

1. El PSOE y el PP representan dos grandes tradiciones democráticas

El PSOE y el PP no son lo mismo, ni deben serlo.

El primero representa una tradición socialdemócrata que pone el acento en la igualdad de oportunidades, la protección social, los servicios públicos y la redistribución de la riqueza. El segundo representa una tradición liberal-conservadora que concede mayor importancia a la iniciativa privada, la libertad económica, la contención fiscal y la estabilidad presupuestaria.

Son dos concepciones diferentes de cómo organizar la sociedad, gestionar la economía y distribuir las responsabilidades entre el Estado, el mercado y los ciudadanos.

Precisamente por eso, su entendimiento tendría un valor especial.

La democracia necesita alternativas, discrepancias y la posibilidad real de que los ciudadanos cambien de Gobierno. Pero también necesita que las fuerzas políticas mayoritarias sean capaces de identificar aquellos asuntos en los que el interés general debe prevalecer sobre la ventaja electoral inmediata.

En una democracia madura, la alternancia no debería implicar que cada cambio de Gobierno ponga en cuestión los fundamentos de las políticas de Estado, la independencia de las instituciones o los compromisos estratégicos del país.

El centroizquierda y el centroderecha pueden discrepar sobre impuestos, gasto público, regulación económica o prioridades sociales y, aun así, coincidir en la defensa de la Constitución, la igualdad ante la ley, la integridad territorial, la pertenencia a la Unión Europea, la seguridad jurídica y la continuidad de las instituciones democráticas.

Gobernar juntos no significa pensar igual. Significa aceptar que hay responsabilidades que están por encima de las diferencias partidistas.

2. La gobernabilidad de España no puede depender permanentemente de los extremos

Uno de los principales problemas de la política española es que la formación de mayorías parlamentarias puede convertir a partidos minoritarios en actores decisivos para la estabilidad del Gobierno.

Esta realidad no constituye, por sí misma, una anomalía constitucional. En un sistema parlamentario, los partidos tienen derecho a negociar y el Gobierno necesita obtener la confianza del Congreso. El problema aparece cuando la necesidad aritmética de conseguir apoyos termina imponiéndose sobre la coherencia de las políticas públicas o cuando las negociaciones se convierten en una sucesión de concesiones difíciles de justificar ante el conjunto de los ciudadanos.

España necesita superar esa dinámica.

Por un lado, están las fuerzas que pretenden llevar la política estatal hacia posiciones de máxima confrontación ideológica, ya sea desde la extrema derecha o desde la extrema izquierda. Por otro, existen partidos nacionalistas e independentistas cuyo ámbito principal de representación es territorial y que pueden utilizar su posición parlamentaria para obtener ventajas específicas en materia de financiación, competencias, reconocimiento político o relaciones con el Estado.

Conviene distinguir entre estas realidades: no todos esos partidos son equivalentes, ni todas sus propuestas son extremistas, ni la defensa de intereses territoriales es incompatible con la democracia. Además, las fuerzas independentistas pueden tener posiciones ideológicas muy diferentes entre sí.

Sin embargo, hay una cuestión legítima que debemos plantear: ¿es razonable que las decisiones estratégicas de un país dependan sistemáticamente de negociaciones con fuerzas que no comparten necesariamente un proyecto común para el conjunto del Estado?

Un acuerdo entre PSOE y PP permitiría reducir esa dependencia. La mayoría gubernamental se construiría sobre un programa pactado por las dos grandes fuerzas estatales, sin necesidad de entregar a terceros la capacidad de decidir sobre los asuntos esenciales de la legislatura.

No se trataría de silenciar a nadie, prohibir opciones políticas ni limitar el derecho de representación parlamentaria. Se trataría de evitar que la supervivencia del Ejecutivo quedara condicionada por las exigencias particulares de socios imprescindibles.

La diferencia es fundamental: los partidos minoritarios conservarían plenamente sus derechos democráticos, pero dejarían de ser necesarios para sostener la mayoría de gobierno.

3. Un pacto que no dependa de quién gane las elecciones

Esta es, probablemente, la parte más importante de la propuesta.

Si el PP obtiene más votos que el PSOE, el PP tendría la responsabilidad de liderar el Gobierno de coalición, con una presidencia popular y una participación socialista pactada.

Si, por el contrario, el PSOE obtiene más votos, sería el PSOE quien encabezara el Ejecutivo, con una presidencia socialista y una participación popular acordada.

El principio debería ser claro: la fuerza más votada entre ambas asumiría la presidencia, mientras que la otra participaría en el Gobierno conforme a un acuerdo previamente negociado.

De esta manera, los ciudadanos seguirían decidiendo qué partido tiene mayor respaldo y qué orientación política debe prevalecer en las decisiones que no formen parte del consenso.

El pacto no anularía las elecciones. Las dotaría de una función diferente en lo relativo a la formación del Ejecutivo: decidirían quién lidera un Gobierno de concentración de las dos grandes fuerzas constitucionales, en lugar de determinar qué bloque consigue reunir una mayoría a cualquier precio.

Naturalmente, este acuerdo exigiría negociación, generosidad y voluntad política. También debería contar con mecanismos claros para resolver discrepancias y evitar que uno de los socios impusiera unilateralmente sus prioridades.

No propongo una fusión ideológica ni una renuncia a la identidad de los partidos. Propongo que ambos acepten una responsabilidad compartida durante un periodo limitado, con objetivos definidos y evaluación pública de los resultados.

4. Dos legislaturas para resolver los problemas estructurales de España

¿Por qué una o dos legislaturas?

Porque los grandes problemas de un país no se resuelven con medidas improvisadas, reformas que duran lo que dura una mayoría parlamentaria o políticas diseñadas exclusivamente para llegar a las siguientes elecciones.

España necesita acuerdos estables en materias que requieren continuidad, inversión y reformas profundas.

Vivienda. Es necesario abordar la insuficiencia de oferta, la dificultad de emancipación de los jóvenes, la inseguridad que afecta a propietarios e inquilinos y la necesidad de aumentar el parque de vivienda asequible. Un pacto debería combinar construcción, movilización de suelo, colaboración público-privada, seguridad jurídica y políticas sociales evaluables.

Empleo, productividad y competitividad. El país necesita mejorar la productividad, reforzar su tejido industrial, facilitar el crecimiento empresarial y reducir la precariedad que todavía dificulta la consolidación de proyectos de vida. La política económica debería dejar de oscilar radicalmente con cada cambio de Gobierno.

Pensiones y envejecimiento. La sostenibilidad del sistema exige decisiones que combinen suficiencia de las prestaciones, equidad entre generaciones, empleo, productividad y responsabilidad financiera. Posponer los problemas para evitar su coste electoral no es una solución.

Educación. España necesita una estrategia de largo recorrido que reduzca el abandono escolar, mejore la formación profesional, refuerce la comprensión lectora y las competencias científicas y digitales, y proporcione estabilidad al profesorado y a las familias.

Sanidad y dependencia. El envejecimiento de la población exige planificación, financiación suficiente, mejores mecanismos de gestión y una respuesta coordinada a las necesidades de atención sanitaria y cuidados de larga duración.

Seguridad pública y justicia. Es imprescindible reforzar los medios humanos y materiales de la Administración de Justicia, mejorar la coordinación policial, combatir la delincuencia organizada y la multirreincidencia dentro del marco legal y garantizar que las leyes se apliquen de forma eficaz. La seguridad y las libertades no son objetivos incompatibles: ambas son obligaciones del Estado democrático.

Financiación autonómica y cohesión territorial. Es posible debatir sobre la distribución de competencias y recursos sin convertir cada negociación en una confrontación entre territorios. España necesita reglas transparentes, solidaridad, corresponsabilidad fiscal y criterios objetivos que puedan defenderse ante todos los ciudadanos.

Política exterior y defensa. En un escenario internacional incierto, la posición española dentro de la Unión Europea, la OTAN y las organizaciones internacionales requiere continuidad, credibilidad y capacidad para construir consensos que sobrevivan a los ciclos electorales.

No todas estas materias admiten una solución compartida en todos sus detalles. Precisamente por eso, el pacto debería identificar objetivos comunes, reconocer las discrepancias legítimas y establecer indicadores para comprobar los avances.

Dos legislaturas permitirían comprobar si el acuerdo produce resultados. Si no los produce, los ciudadanos tendrían la oportunidad de exigir responsabilidades y volver a decidir entre alternativas políticas claramente diferenciadas.

5. Recuperar la política de Estado y despolitizar las instituciones

La confrontación permanente también deteriora la confianza ciudadana en las instituciones.

Cuando cada renovación institucional se convierte en una batalla partidista, cuando los organismos públicos se interpretan como extensiones de los partidos o cuando cada reforma es presentada como una victoria sobre el adversario, se transmite la impresión de que el Estado pertenece a quienes ocupan temporalmente el poder.

Un acuerdo entre PSOE y PP debería incluir un compromiso explícito con la independencia y el funcionamiento de las instituciones, el respeto a los procedimientos legales, la transparencia y la rendición de cuentas.

También tendría que abordar la renovación de los órganos constitucionales conforme a sus respectivas reglas, reforzar los mecanismos de prevención de la corrupción y evitar el reparto partidista de puestos como sustituto de los criterios de mérito, capacidad e independencia.

No bastaría con repartirse ministerios y declarar superada la polarización. El pacto tendría sentido si contribuyera a recuperar la confianza de los ciudadanos y a demostrar que las instituciones pueden funcionar con reglas estables, controles efectivos y responsabilidades claras.

La centralidad política no debe ser un reparto de poder entre dos organizaciones. Debe ser un compromiso verificable con el interés general.

6. Aprender de otras democracias europeas

La posibilidad de que partidos ideológicamente distintos gobiernen juntos no es una anomalía democrática.

Alemania ha recurrido en distintas etapas a las llamadas grandes coaliciones entre la CDU/CSU, de tradición democristiana, y el SPD, de tradición socialdemócrata. También en la actualidad existe un Gobierno federal formado por la Unión CDU/CSU y el SPD, sustentado en un acuerdo de coalición. Estas experiencias demuestran que las diferencias entre centroizquierda y centroderecha no impiden alcanzar compromisos de gobierno cuando las circunstancias lo requieren.

La experiencia alemana no debe idealizarse. Las grandes coaliciones también generan tensiones internas, diluyen diferencias ante el electorado y pueden alimentar el descontento con los partidos tradicionales. No son una fórmula mágica ni garantizan por sí mismas el éxito.

Pero ofrecen una enseñanza útil: la cultura democrática permite que adversarios ideológicos compartan responsabilidades cuando consideran que la estabilidad y determinados objetivos comunes lo justifican.

España podría adaptar esa lógica a sus propias circunstancias, con un acuerdo temporal, un programa público, mecanismos de control parlamentario y una delimitación expresa de las cuestiones en las que cada partido mantendría su autonomía política.

No se trata de copiar Alemania. Se trata de abandonar la idea de que PSOE y PP están condenados a considerarse enemigos irreconciliables.

7. El riesgo de que los extremos se alimenten de la incapacidad del centro

Hay otra razón para plantear este pacto: la polarización puede convertirse en un círculo vicioso.

Cuando los partidos moderados concentran sus esfuerzos en desacreditarse mutuamente, las formaciones más radicalizadas encuentran un espacio para presentarse como las únicas capaces de romper con un sistema que describen como agotado.

La frustración por la falta de soluciones, la dificultad para acceder a una vivienda, la percepción de inseguridad económica y el desgaste de las instituciones pueden alimentar ese proceso.

La respuesta no debería ser descalificar indiscriminadamente a todos los votantes que optan por formaciones situadas fuera del centro político. Sus motivaciones son diversas y, en muchos casos, expresan problemas reales que las grandes formaciones no han sabido resolver.

La respuesta debe ser demostrar que las instituciones democráticas pueden ofrecer soluciones.

Si PSOE y PP fueran capaces de pactar medidas eficaces sobre vivienda, empleo, seguridad, sanidad, pensiones y calidad institucional, podrían reducir parte del espacio político que ocupa la frustración. No porque desaparezcan las diferencias ideológicas, sino porque los ciudadanos comprobarían que la democracia es capaz de responder a sus necesidades.

La mejor forma de combatir los discursos de ruptura no es limitar la competencia política. Es recuperar la capacidad de gobernar y ofrecer resultados.

La centralidad no se defiende con discursos contra los extremos, sino demostrando que existe una alternativa eficaz a la polarización.

8. Los riesgos de una gran coalición y las condiciones para que funcione

Una propuesta seria también debe reconocer sus dificultades.

Una coalición entre PSOE y PP podría diluir las diferencias entre ambos, generar desafección entre sus votantes, reducir el control ejercido por una oposición claramente diferenciada y transmitir la imagen de que los dos grandes partidos se protegen mutuamente.

Ese riesgo sería real si el acuerdo se limitara a distribuir cargos y evitar conflictos.

Por eso, el pacto debería cumplir al menos cinco condiciones.

Primera: duración limitada. Un máximo de dos legislaturas, con revisión de objetivos y sin convertir la coalición en un sistema permanente.

Segunda: liderazgo democrático. La presidencia del Gobierno correspondería a la formación más votada entre las dos, siempre que el acuerdo se hubiera aceptado previamente y se obtuviera la confianza parlamentaria exigida por la Constitución.

Tercera: programa público y evaluable. Un documento con compromisos concretos, calendario, indicadores y mecanismos de seguimiento. No una declaración genérica de buenas intenciones.

Cuarta: autonomía de los partidos. PSOE y PP conservarían sus organizaciones, sus programas, su libertad de crítica en las materias no acordadas y su derecho a competir por el voto ciudadano en las siguientes elecciones.

Quinta: transparencia y rendición de cuentas. La coalición tendría que explicar sus decisiones, aceptar el control parlamentario y asumir responsabilidades políticas cuando incumpliera sus compromisos.

Además, los dos partidos deberían mantener un compromiso claro contra la corrupción, respetar la independencia judicial y garantizar que los acuerdos no se conviertan en una amnistía política para sus propios errores.

Sin estas garantías, la gran coalición correría el riesgo de convertirse en un pacto de supervivencia partidista. Con ellas, podría ser un instrumento extraordinario de responsabilidad democrática.

9. ¿Qué ocurriría con los partidos independentistas, nacionalistas y extremos?

Esta propuesta no pretende negar la existencia de la pluralidad política española.

Los partidos nacionalistas, independentistas, de extrema derecha y de extrema izquierda tienen derecho a presentarse a las elecciones, obtener representación y defender sus propuestas dentro del marco constitucional y legal. Sus votantes tienen la misma legitimidad democrática que cualquier otro ciudadano.

Pero tener derecho a la representación no significa tener garantizada una posición imprescindible en la formación del Gobierno.

Un Ejecutivo sustentado en un acuerdo suficiente entre PSOE y PP podría establecer que su programa de gobierno no dependería de pactos de investidura o coaliciones con partidos independentistas ni con formaciones extremistas.

Eso no impediría negociar leyes concretas en el Parlamento, escuchar a las comunidades autónomas o alcanzar acuerdos puntuales con otras fuerzas. Tampoco eliminaría el derecho de los diputados a votar libremente ni las obligaciones constitucionales del Gobierno.

La diferencia estaría en el principio de gobernabilidad: los asuntos esenciales del Estado se acordarían entre las dos grandes formaciones estatales, mientras que las demás fuerzas ejercerían su representación parlamentaria sin disponer de un veto automático sobre la continuidad del Ejecutivo.

Esta distinción es especialmente importante en un Estado descentralizado como España. La cooperación con las comunidades autónomas es imprescindible, gobierne quien gobierne en ellas. Lo que se propone evitar no es el diálogo territorial, sino que las decisiones generales queden subordinadas a negociaciones coyunturales cuyo principal objetivo sea garantizar una mayoría parlamentaria.

El objetivo no sería expulsar a nadie de la democracia, sino devolver el protagonismo gubernamental a una mayoría de alcance estatal.

10. Una oportunidad para que PSOE y PP demuestren su responsabilidad

Llegados a este punto, la pregunta ya no es si el PSOE y el PP tienen diferencias suficientes para justificar su existencia separada. Por supuesto que las tienen.

La pregunta es si esas diferencias deben impedir cualquier acuerdo, incluso cuando el funcionamiento del país puede beneficiarse de una etapa de estabilidad y reformas compartidas.

¿Puede el PSOE aceptar que la estabilidad institucional no debe depender de concesiones permanentes a sus socios parlamentarios?

¿Puede el PP aceptar que gobernar exige, en determinadas circunstancias, pactar con el principal partido de la oposición?

¿Pueden ambos reconocer que la Constitución, la cohesión territorial, la independencia de las instituciones y la sostenibilidad de los servicios públicos requieren compromisos que vayan más allá de una legislatura?

La responsabilidad no consiste en abandonar las convicciones. Consiste en saber cuándo es necesario compatibilizarlas con un objetivo superior.

Un pacto de esta naturaleza exigiría valentía a los dos partidos. Tendrían que explicar a sus electorados que colaborar no equivale a traicionar sus principios y que la alternancia política no pierde sentido porque exista un marco de cooperación institucional.

También tendrían que asumir que, durante ese periodo, algunos de sus intereses partidistas quedarían subordinados a compromisos comunes.

Ese sería el verdadero precio del acuerdo. Y también su principal valor.

Conclusión: dos legislaturas para poner España por delante de los partidos

España no necesita que el PSOE se convierta en el PP, ni que el PP renuncie a representar al centroderecha. Necesita que ambos recuperen la capacidad de distinguir entre la legítima competencia electoral y las responsabilidades que comparten como grandes partidos de ámbito estatal.

Una o dos legislaturas de cooperación podrían servir para abordar reformas estructurales, reforzar la calidad institucional, mejorar la seguridad jurídica, consolidar los servicios públicos y reducir la dependencia del Gobierno respecto de fuerzas cuya capacidad de negociación se apoya en la fragilidad parlamentaria de los grandes partidos.

No sería una solución para todos los problemas. Tampoco garantizaría automáticamente una mejor gestión. Su éxito dependería del contenido del acuerdo, de la honestidad de sus protagonistas y de la capacidad de ambos para aceptar controles y rendir cuentas.

Pero merece ser debatida sin prejuicios.

Si el PP gana las elecciones, debería poder gobernar con el PSOE sobre una base pactada. Si las gana el PSOE, debería poder hacerlo con el PP bajo las mismas condiciones. La legitimidad de la presidencia correspondería a quien obtuviera mayor respaldo entre ambos, y la legitimidad del Gobierno dependería del programa acordado y de la confianza parlamentaria.

Después de ese periodo, los ciudadanos podrían volver a elegir entre dos alternativas plenamente diferenciadas, con una experiencia de cooperación que pudiera evaluarse por sus resultados.

La democracia no consiste en obligar a los adversarios a pensar igual. Consiste en permitir que compitan, discrepen y, cuando el interés general lo exige, sean capaces de alcanzar acuerdos.

España necesita menos dependencia de los extremos y más responsabilidad de sus partidos centrales. Menos política de bloques y más política de Estado. Menos cálculo electoral inmediato y más visión de futuro.

El PSOE y el PP tienen ante sí una decisión que va más allá de quién ocupará la Moncloa: demostrar si están dispuestos a anteponer, durante un tiempo limitado, la estabilidad y el futuro del país a la lógica de la confrontación permanente.

No es una propuesta contra los votantes de otras formaciones. Es una propuesta a favor de una gobernabilidad basada en acuerdos amplios, instituciones sólidas y responsabilidades compartidas.

Porque ganar unas elecciones es importante. Pero garantizar que España pueda gobernarse con estabilidad, justicia y visión de futuro es todavía más importante.

Ha llegado el momento de plantear un pacto entre el PSOE y el PP. No para borrar sus diferencias, sino para demostrar que España está por encima de ellas.