Vox y Aliança Catalana: la contradicción de votar contra España y contra Cataluña al mismo tiempo

 

Cuando el rechazo a la inmigración se convierte en el único criterio electoral, las contradicciones ideológicas dejan de importar. Y es precisamente ahí donde empieza el problema.

Hay una pregunta que merece plantearse sin complejos y que interpela directamente a un determinado perfil de votante en Cataluña: ¿cómo puede alguien votar a Vox en unas elecciones generales y, al mismo tiempo, votar a Aliança Catalana en unas elecciones al Parlament? ¿Cómo puede defender la unidad de España en una urna y apostar por la independencia de Cataluña en otra?

No estamos hablando de una simple diferencia de prioridades electorales. Estamos ante dos proyectos nacionales que parten de principios incompatibles. Y, sin embargo, ambos pueden encontrar apoyo en un mismo ciudadano.

¿Estamos ante una evolución ideológica coherente o ante una contradicción que el propio votante prefiere no examinar?

1. España para Vox; Cataluña para Aliança Catalana

Vox defiende la unidad nacional de España, el fortalecimiento del Estado central y la eliminación del actual modelo autonómico o, como mínimo, una transformación radical de su estructura territorial. Su proyecto político parte de una idea inequívoca: España constituye una nación cuya unidad debe prevalecer sobre los proyectos nacionalistas periféricos.

Aliança Catalana, por el contrario, defiende la independencia de Cataluña y la construcción de un Estado catalán propio. Su horizonte político es incompatible con la permanencia de Cataluña dentro de una España unida en los términos que defiende Vox.

Aquí aparece la primera contradicción.

Si un ciudadano considera que la soberanía española debe ser indivisible, ¿con qué argumento puede respaldar después un proyecto que pretende separar Cataluña de España? Y si considera legítimo que Cataluña constituya su propio Estado, ¿cómo puede defender simultáneamente que el Estado español imponga una unidad nacional que niega esa misma aspiración?

Se puede argumentar que cada elección responde a circunstancias diferentes. Es cierto. También es legítimo votar de manera distinta en unas elecciones municipales, autonómicas y generales. Pero esa libertad no elimina la obligación de examinar la coherencia entre las ideas que se respaldan.

No se puede defender simultáneamente la unidad de España como principio irrenunciable y la independencia de Cataluña como objetivo político sin explicar qué principio prevalece cuando ambos entran en conflicto.

Y esa explicación es precisamente la que falta en una parte de este electorado.

2. Cuando la inmigración se convierte en el único nexo ideológico

Si los proyectos nacionales son incompatibles, ¿qué explica que Vox y Aliança Catalana puedan disputarse a un mismo votante?

La respuesta parece encontrarse, en buena medida, en un elemento compartido: el discurso restrictivo sobre la inmigración, acompañado de mensajes sobre seguridad, identidad cultural, integración y pertenencia nacional.

Para determinados electores, estas cuestiones han pasado a ocupar el centro de su decisión política. La posición sobre España, Cataluña, la organización territorial del Estado o el modelo económico queda relegada a un segundo plano.

La lógica sería sencilla: votaré a Vox cuando se trate de España porque quiero mano dura contra la inmigración; votaré a Aliança Catalana cuando se trate de Cataluña porque quiero exactamente lo mismo, pero desde una perspectiva nacional catalana.

Sin embargo, esa aparente coherencia en materia migratoria no resuelve la contradicción territorial. Únicamente la desplaza.

El votante estaría priorizando una coincidencia concreta sobre el conjunto de los proyectos políticos que respalda. Y cuando una sola cuestión determina el voto hasta el punto de hacer irrelevantes las demás, conviene preguntarse si estamos ante una elección política verdaderamente reflexionada o ante un voto de rechazo.

Porque una cosa es defender políticas migratorias más restrictivas, exigir el cumplimiento de la ley, combatir la delincuencia y reclamar una integración efectiva. Todo ello forma parte del debate democrático.

Otra muy distinta es convertir a la inmigración en una explicación universal de los problemas sociales, económicos y de seguridad, como si el origen de una persona bastara para determinar su comportamiento o su contribución a la sociedad.

Cuando el inmigrante deja de ser una persona y se convierte en el culpable colectivo de todos los problemas, la política deja de buscar soluciones y empieza a fabricar enemigos.

3. La pregunta incómoda: ¿qué ocurriría si ambos proyectos alcanzaran el poder?

Imaginemos que este votante consigue que sus dos opciones electorales obtengan una posición determinante: Vox participa en un Gobierno español junto al PP y Aliança Catalana alcanza una posición de poder suficiente para impulsar su proyecto independentista.

¿Qué ocurriría cuando sus objetivos chocaran frontalmente?

Vox no tiene ningún incentivo programático para facilitar la independencia de Cataluña. Por el contrario, su defensa de la unidad nacional española entra en conflicto directo con ella.

Aliança Catalana, por su parte, no puede alcanzar su objetivo de construir un Estado catalán independiente manteniendo intacta la soberanía española sobre Cataluña. Su proyecto exige una ruptura con el marco constitucional vigente.

Por tanto, el votante que respalda ambas opciones debería preguntarse qué espera realmente de ellas. ¿Quiere una España centralizada y políticamente reforzada o quiere una Cataluña soberana e independiente? ¿Qué sucederá cuando tenga que elegir entre las dos cosas?

No basta con responder que cada partido se ocupa de un ámbito diferente. Los ámbitos se superponen: Cataluña forma parte del Estado español y las decisiones sobre soberanía, Constitución, fronteras y nacionalidad no pueden resolverse ignorando esa realidad.

Y conviene introducir un matiz importante: la presencia de Vox en el Gobierno español no haría automáticamente imposible la independencia catalana en cualquier escenario imaginable. Lo que sí resulta evidente es que un Gobierno comprometido con el programa de Vox se opondría políticamente a ella y trataría de impedirla por los cauces institucionales y jurídicos correspondientes.

La contradicción, por tanto, no es una cuestión menor. Es una incompatibilidad de objetivos estratégicos.

4. ¿Y después de la independencia? La contradicción de la identidad

Existe una segunda cuestión que merece un análisis todavía más profundo: ¿quién forma parte de la comunidad nacional que estos proyectos dicen querer proteger?

Vox construye su discurso nacional desde la identidad española, mientras que Aliança Catalana lo hace desde una identidad nacional catalana vinculada a su proyecto independentista. Aunque sus discursos sobre inmigración puedan presentar similitudes, no son intercambiables: cada partido define de manera diferente la comunidad política que aspira a representar.

¿Qué sucede entonces con una familia inmigrante que lleva treinta años viviendo en Cataluña? ¿Y con sus hijos, nacidos aquí, escolarizados aquí, que hablan catalán y castellano, trabajan aquí y se sienten catalanes?

¿Dónde quedan esos ciudadanos en una política que identifica la pertenencia nacional con el origen familiar, cultural o étnico?

Aquí hay que distinguir entre las propuestas efectivamente defendidas por los partidos, las interpretaciones de sus discursos y las consecuencias hipotéticas que se les atribuyen. No sería riguroso afirmar como un hecho que Aliança Catalana vaya a expulsar a los hijos de inmigrantes por tener determinados apellidos, ni que ese vaya a ser necesariamente el siguiente paso de su programa. Para sostener una afirmación así harían falta propuestas explícitas y pruebas concretas.

Pero la pregunta política sigue siendo legítima: si se endurecen progresivamente los criterios de pertenencia, ¿dónde se establece el límite? ¿Basta con haber nacido en Cataluña? ¿Es suficiente hablar catalán? ¿Cuenta haber estudiado, trabajado y contribuido durante décadas a la sociedad catalana? ¿O la aceptación plena siempre queda condicionada por el origen de los padres?

La respuesta importa porque una democracia no puede convertir a una parte de sus ciudadanos en miembros permanentemente sospechosos de no pertenecer a ella.

La identidad nacional puede ser un elemento legítimo de la vida política; utilizarla para establecer ciudadanos de primera y de segunda plantea un problema democrático de primer orden.

Y esta cuestión interpela tanto al nacionalismo español como al catalán: cuando la identidad se transforma en un criterio excluyente, ¿quién decide quién es suficientemente español o suficientemente catalán?

5. El peligro de votar desde el resentimiento

Hay un factor que puede ayudar a explicar esta aparente paradoja electoral: el voto de protesta.

Un ciudadano puede sentirse abandonado por los partidos tradicionales, percibir que la inseguridad aumenta, estar preocupado por el acceso a la vivienda, considerar insuficiente la integración de determinados colectivos o creer que las instituciones no responden a sus necesidades.

Esas preocupaciones no deben despacharse con desprecio. Hacerlo sería un error político y social.

Pero existe una diferencia fundamental entre reconocer un problema y aceptar cualquier explicación que se ofrezca sobre él; entre exigir respuestas eficaces y entregar un cheque en blanco a quien promete soluciones contundentes; entre castigar electoralmente a los partidos establecidos y respaldar proyectos cuyas consecuencias no se han examinado.

Cuando el malestar se convierte en el principal motor del voto, el elector puede terminar apoyando alternativas incompatibles entre sí, siempre que ambas expresen su enfado con el sistema.

Hoy puede ser la unidad de España. Mañana, la independencia de Cataluña. En ambas ocasiones, el mismo adversario percibido: la inmigración.

Pero ¿qué ocurre con la vivienda, los salarios, las listas de espera sanitarias, la educación, el envejecimiento de la población, la productividad o la calidad de los servicios públicos? ¿Qué propuestas concretas ofrecen estos partidos para resolver esos problemas? ¿Son viables? ¿A qué coste? ¿Qué derechos y libertades podrían verse afectados?

Una democracia necesita ciudadanos capaces de exigir resultados, no solamente de identificar culpables.

El problema no es que un elector cambie de opinión. El problema es que renuncie a examinar las consecuencias de las opciones que elige.

6. Cuando el «cuanto peor, mejor» deja de ser un juego electoral

Hay una tentación peligrosa en tiempos de polarización: pensar que cuanto más se tensen las instituciones, cuanto más se enfrenten los territorios y cuanto más se radicalicen los discursos, antes llegará una solución definitiva.

Es la lógica del «cuanto peor, mejor».

Que las instituciones se bloqueen. Que los partidos se enfrenten. Que la convivencia se deteriore. Que el conflicto alcance tal magnitud que alguien termine imponiendo una solución.

Pero la historia demuestra que el deterioro institucional no garantiza una salida mejor. Puede abrir la puerta a escenarios que después resultan extraordinariamente difíciles de revertir.

España conoce las consecuencias de la polarización extrema, de la deshumanización del adversario y de la sustitución del debate político por la lógica del enemigo. No hace falta equiparar automáticamente la actualidad con los episodios más oscuros de nuestra historia para aprender de ellos.

El nazismo y otros regímenes totalitarios no aparecieron de un día para otro ni deben utilizarse como comparaciones fáciles para desacreditar a cualquier adversario político. Pero su historia sí nos recuerda hasta dónde pueden conducir la exclusión sistemática, el nacionalismo llevado al extremo, la búsqueda de chivos expiatorios y la erosión progresiva de los contrapesos democráticos.

La lección no es que toda opción nacionalista o restrictiva en materia migratoria conduzca inevitablemente al autoritarismo. La lección es que ninguna sociedad está inmunizada frente a la degradación democrática cuando normaliza el desprecio hacia determinados colectivos y deja de exigir límites al poder.

El peligro no consiste únicamente en que un partido gane elecciones. Consiste en que una parte de la sociedad llegue a considerar aceptable cualquier medida con tal de que perjudique al grupo al que responsabiliza de sus problemas.

Cuando eso sucede, la pregunta ya no es solamente a quién votamos. La pregunta es qué estamos dispuestos a permitir en nombre de ese voto.

7. La contradicción final: querer dos futuros que se excluyen

El votante que elige Vox en las generales y Aliança Catalana en las catalanas tiene derecho a hacerlo. Nadie debería cuestionar su libertad para depositar su papeleta ni atribuirle automáticamente intenciones que no ha expresado.

Pero ejercer un derecho democrático no convierte todas las decisiones en coherentes.

Si defiende la unidad de España, debe explicar por qué respalda una fuerza que aspira a separar Cataluña del Estado español. Si defiende la independencia catalana, debe explicar por qué apoya a una fuerza estatal que se opone a ella. Y si su única prioridad es endurecer la política migratoria, debe preguntarse si esa coincidencia basta para justificar su respaldo a dos proyectos nacionales enfrentados.

Porque no estamos ante una contradicción secundaria. Estamos ante dos respuestas opuestas a una pregunta esencial: ¿cuál debe ser el marco político de nuestra convivencia?

España no puede ser, al mismo tiempo y en el mismo sentido, una nación cuya unidad es irrenunciable y un Estado del que Cataluña debe independizarse. Es posible defender ambas posiciones en momentos electorales diferentes, pero no convertirlas en un proyecto político único sin afrontar el conflicto que existe entre ellas.

Quizá ese votante no esté buscando una ideología coherente, sino expresar un malestar profundo. Quizá esté priorizando la inmigración por encima de cualquier otra consideración. O quizá crea que puede utilizar a cada partido para conseguir objetivos distintos sin que las contradicciones terminen pasando factura.

Sea cual sea la explicación, la pregunta permanece.

¿Estamos votando para construir un futuro o estamos votando para castigar a alguien?

Porque si la respuesta es únicamente lo segundo, corremos el riesgo de convertir la política en una competición por ver quién promete excluir más, quién identifica más enemigos y quién está dispuesto a tensar más la convivencia.

Y entonces sí, podemos encontrarnos avanzando hacia un abismo que nadie había calculado realmente.

La democracia no exige que todos pensemos igual. Exige algo bastante más difícil: que seamos capaces de reconocer las contradicciones de nuestras propias posiciones, respetar los derechos de quienes piensan diferente y asumir las consecuencias de las opciones que respaldamos.

Votar es un derecho. Reflexionar sobre lo que votamos es una responsabilidad. Y cuando dos proyectos políticos persiguen futuros incompatibles, mirar hacia otro lado no elimina la contradicción: simplemente la aplaza.